Las principales fundaciones para la discapacidad plantean sus peticiones al Gobierno: educación especial de calidad e inclusión laboral efectiva

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educación especial de calidad e inclusión laboral efectiva

Fuente: El Mostrador

En nuestro país, cerca de tres millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor de un 17% de la población nacional. En otras palabras, casi uno de cada cinco chilenos presenta alguna discapacidad, por lo que sus peticiones merecen ser tomadas en cuenta por el gobierno entrante.

Por eso, las principales fundaciones se unieron para dar a conocer sus planteamientos a la administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric. Todas coinciden en dos puntos fundamentales: el mejoramiento de la fase escolar y sus consecuentes efectos positivos en la etapa laboral.

“Nuestra prioridad es que pueda cumplir con aumentar la subvención a la educación especial, esto aparece en su plan de gobierno, ya que hoy alcanza a cubrir sólo el 50% del costo de un niño con discapacidad. Lo mismo para los Programas de Integración Escolar (PIE), hoy la cantidad de especialistas en un colegio regular con PIE es realmente insuficiente”, advierte Sofía Villavicencio, directora ejecutiva de Fundación Luz.

“Nosotros nos damos cuenta de que sin una educación de calidad para las personas con discapacidad visual, no tienen posibilidad de cursar estudios superiores y, por ende, de tener un trabajo bien remunerado”, complementa, abogando por una aceleración en la fiscalización de la Ley de Inclusión Laboral.

En el Instituto de la Sordera apuntan al mismo foco. “Hoy la inclusión educativa es un fracaso, las escuelas regulares no consideran las diferentes características del estudiante con discapacidad y no dan abasto para cubrir sus necesidades”, alerta Verónica de la Paz, directora ejecutiva del organismo. “El gran rol que cumplen las escuelas especiales es precisamente la consideración de las diferencias, incorporándolos a todos. En cada una existe una diversidad enorme y única de estudiantes, que requiere de adaptaciones curriculares para lograr su máximo potencial, para desarrollarse de manera integral y con las herramientas necesarias para incorporarse a una vida adulta activa como cualquier joven”, agrega.

En la misma línea, la Fundación Chilena para el Síndrome de Down también solicita “avanzar en programas de inclusión escolar con apoyos, entregando capacitaciones y herramientas a los colegios, de manera que la inclusión sea real y efectiva”, de acuerdo a las palabras de su representante, Paula Silva.

También debe darse prioridad a la etapa adulta de las personas con discapacidad -la más larga del ciclo vital-, en particular fomentando el trabajo de las personas con discapacidad mediante “un nuevo impulso a los proyectos de inclusión laboral financiados mediante la Ley de Inclusión Laboral, los que no sólo deben apuntar a la contratación, sino fundamentalmente a la permanencia en el trabajo, además de ampliar dicho apoyo al financiamiento de talleres productivos al alero de las instituciones, ya que no todos los adultos con síndrome de Down, ni muchas personas con otras discapacidades, pueden salir a un trabajo formal y necesitan ocupaciones efectivas y remuneradas. No se trata de trabajo terapéutico, sino de trabajo real” señala.

Regionalización y diferenciación

En Fundación Luz, en línea con el proceso de regionalización que quiere llevar adelante el gobierno entrante, han trabajado fuertemente por ampliar su labor fuera de Santiago. Por eso, Sofía Villavicencio explica que “nos gustaría tener más apoyo logístico y económico por parte del Servicio Nacional de la Discapacidad. Nos faltan recursos para llegar a provincias y regiones. Hoy atendemos a alrededor de 1.250 personas al año, pero soñamos con llegar a las más de dos millones con discapacidad visual en Chile”.

La Fundación Chilena para el Síndrome de Down agrega otra solicitud particular para la administración entrante del Presidente Boric. “Necesitamos avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en particular con discapacidad intelectual, terminando con las interdicciones por demencia y reconociendo su capacidad jurídica en los términos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad”, pide Paula Silva.

Por último, el Instituto Nacional de la Sordera espera una mayor notoriedad en la agenda pública y que se aborden las diferencias de cada organismo. “Nuestras expectativas son visibilizar a esta población minoritaria y hacer las diferencias correspondientes entre cada discapacidad. Los requerimientos son distintos, no pueden meterlos a todos en el mismo saco”, cierra Verónica de la Paz.

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