A propósito de la sequía legislativa, aquí algunos proyectos que se podrían impulsar

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file_20180311080625 Publicado en Educación 2020. Ante la falta de proyectos de ley, desde Educación 2020 proponemos algunas importantes iniciativas que podrían ser impulsadas por el Ejecutivo o los parlamentarios, para acelerar los engranajes del sistema educativo y, de paso, acabar con esta llamada “sequía legislativa”. El poco movimiento que por estos días hay en el Parlamento, fundamentalmente por la falta de proyectos, ha llevado a que muchos hablen de una “sequía legislativa”. Pero, ¿es efectivamente así? Cristian Miquel, asesor legislativo de Educación 2020, lo comenta. “Si bien hay proyectos educativos importantes que están en discusión —como el crédito que reemplaza el CAE o el estatuto de asistentes de la educación— en general son pocos”, indica Miquel, quien explica que la presentación de iniciativas “depende mucho del gobierno, ya que el Ejecutivo tiene amplias facultades colegisladoras. Ahora bien, los comités parlamentarios y las comisiones también podrían acelerar la tramitación de proyectos que ya se están discutiendo”. El asesor legislativo también advierte que la falta de movimiento en el área es más notoria luego de un periodo extenso en el que la educación fue protagonista en la agenda legislativa. ¿Qué impulsar, entonces? En Educación 2020 proponemos comenzar con algunas medidas que ya hemos planteado: 1.- Carrera directiva  La puesta en marcha de la Carrera Docente dejó en evidencia otra necesidad: mejorar las condiciones de los equipos directivos. En este sentido, Miquel sostiene que “se debe avanzar en una Carrera Directiva, que permita solucionar, por ejemplo, la diferencia de los sueldos. Los actores políticos saben que existe este problema, por lo que avanzar en esta materia requiere fundamentalmente de voluntad política”. El investigador agregó que “contar con buenos directores no sólo es crucial para que las leyes aprobadas, como la Carrera Docente, se implementen correctamente, sino también para avanzar en la calidad de los aprendizajes. Son ellos los que toman las decisiones que están relacionadas con la mejora de las escuelas”. 2.- Eliminar la exigencia de cierre de colegios que establece la Ley de Aseguramiento de la Calidad Hoy las escuelas que tienen un mal desempeño académico por cuatro años seguidos entran en proceso de cierre, lo que es un fracaso del sistema educativo. Ante esto se proponen planes que incluyan la reestructuración de los equipos pedagógicos y la creación de un sistema de apoyo para las escuelas que tienen malos desempeños. El gobierno anterior presentó un proyecto que contiene gran parte de estas ideas, pero la administración actual introdujo una indicación para retirar esa parte del proyecto. Esta idea, explica Miquel, podría ser defendida por los parlamentarios. 3.- Creación de un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Actualmente, no existe un sistema que reconozca las competencias y habilidades que se adquieren con el tiempo. Muchas veces, las personas aprenden distintas prácticas fuera de la educación formal —por ejemplo, a través del ejercicio de un oficio— que no son reconocidas. Por eso, Miquel sostiene que es necesario crear “una certificación de nivel nacional, tanto de conocimientos y competencias básicas, como de oficios y sectores específicos, que permita mejorar las oportunidades de desarrollo laboral de los y las trabajadoras, reconociendo sus competencias adquiridas fuera del sistema educativo formal”. 4.- Aumentar el financiamiento en Educación Superior Las Universidades, los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reciben recursos a través de los aranceles, con los que se producen conocimiento, innovación y desarrollo. El problema, según Miquel, es que a veces estos fondos “son insuficientes o los planteles inflan los aranceles, lo que afecta a los jóvenes al poner una barrera económica”. Por esta razón, es necesario generar nuevos aportes directos a las instituciones para financiar las áreas de investigación, innovación y desarrollo, independiente del financiamiento por estudiante (ya sea por gratuidad o créditos). 5.- Financiamiento adecuado para la Educación Técnico  Profesional Apenas un 15% del total de los recursos públicos es destinado a la Educación Técnico Profesional (TP). “La diferencia con otras modalidades es grande y no se justifica si consideramos que casi la mitad de la matrícula está en la educación TP”, dice el investigador, quien además explica que esta formación es la que requiere de mayor tecnología y, por ende, de más recursos. “Por eso se hace urgente entregar a la educación TP un financiamiento adecuado a sus características, que permita avanzar a un sistema que sea equitativo de aquí al 2030”, concluye Miquel. Publicado en Educación 2020

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