Colegios no podrán exigir artículos de aseo ni textos complementarios

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Utiles EscolaresSólo quedan exentos de esta normativa los colegios particulares y la educación parvularia que no cuenta con subsidio del Estado.

Por Daniela Salgado Parra. Diario Concepción.

A pocos días del regreso a clases de los colegios, la Superintendencia de Educación, a través de la campaña «Tu Escuela Nuestra Escuela», entregó algunos consejos a los padres respecto a la compra de textos, útiles y uniformes escolares. Además, se recalcó que la adquisición de textos adicionales a los entregados por el ministerio son voluntarios y que la solicitud de artículos de aseo en colegios y jardines particulares subvencionados están prohibidos.

Según lo estipulado por la normativa educacional, el uso del uniforme debe estar expresamente regulado en el reglamento interno de cada establecimiento y se deberá procurar que éstos sean económicos y no ostentosos para que todos puedan tener acceso a comprarlos.

Sumado a lo anterior, los colegios no podrán exigir a los apoderados marcas específicas ni la compra de los uniformes a un proveedor determinado. Los padres y apoderados tienen el derecho de elegir de acuerdo a sus requerimientos y necesidades por una u otras opciones que les ofrezca el mercado.

El propio director regional de la Superintendencia de Educación, Dalton Campos, recalcó que si está estipulado en el reglamento interno del colegio el uso del uniforme, éste debe de respetarse. Sin embargo, fue enfático en que «en ningún caso un alumno puede ser sancionado, prohibiéndole el ingreso al establecimiento o impidiéndole permanecer en la sala de clases».

Útiles escolares

Este año, al igual que los anteriores, el Gobierno a través de la Junaeb, entregará set de útiles escolares a todos los alumnos pertenecientes a los primeros tres quintiles de ingreso socioeconómico.

Al igual que en el caso anterior, en la lista de útiles el establecimiento no puede condicionar o inducir a los apoderados a optar por una determinada marca. «La única oportunidad cuando se justifica la prohibición de un producto específico es cuando por razones pedagógicas o de salud éste reviste un peligro para el alumnado», aclaró Campos.

El decreto supremo N°53 de 2011 establece los elementos de Enseñanza y Material Didáctico Mínimas que deben contar los colegios para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial del Estado.

Con respecto a las solicitudes de artículos de oficina o aseo éstos están prohibidos ya que la compra es de obligación del sostenedor. La petición de estos elementos ya sea de forma voluntaria o obligatoria constituyen una exigencia indebida que vulnera la normativa educacional.

Textos escolares

390 mil alumnos serán favorecidos con la entrega gratuita de más de 2 millones de textos escolares por parte del Ministerio de Educación.

Es responsabilidad de la cartera de educación entregar textos escolares y guías didácticas a docentes y estudiantes de establecimientos municipales y particular subvencionados. Sumado a estos, también entrega elementos que refuerzan y apoyan los aprendizajes tales como, diccionarios, atlas, antologías, libros de lectura y de divulgación científica.

Sobre las diferencias en la calidad de los libros entregados por Mineduc y las otras editoriales, el superintendente señaló que «no hay ningún colegio particular subvencionado que haya rechazado los textos escolares del ministerio ya que éstos son de altísima calidad, muy buen contenido y cubren con el curriculum escolar».

De no contar un alumno con dichos textos, será el profesor el encargado de adoptar nuevas dinámicas para evitar el perjuicio académico en el proceso de aprendizaje. Por su parte, los directores de las escuelas deben suscribir un Acta de Compromiso donde se comprometa a recibir, distribuir y utilizar los libros y guías tanto a estudiantes como docentes.

Fiscalización

La superintendencia de Educación realizará la fiscalización de la entrega y uso de los libros y que se cumpla la normativa educacional.

Si una escuela no cumple con la norma esta arriesga multas superiores a $20 millones de pesos. En 2016 se registraron 13 denuncias por uniformes y útiles escolares.

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