¿Cómo enfrentamos la violencia escolar en las aulas del país?

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Hace algunos días, Mineduc presentó un proyecto de ley llamado “Aula Segura”, que pretende entregar mayores atribuciones a los directores de establecimientos escolares, ante hechos de violencia que sucedan en los colegios, escuelas y liceos, que tiene un carácter de gravedad que amerita la cancelación inmediata de la matrícula y la expulsión del estudiante.

A partir de los diversos eventos sucedidos en algunos establecimientos llamados “emblemáticos” en Santiago, es importante comprender la fenomenología de la violencia escolar en nuestro sistema escolar, más allá de los discursos de autoridades que se hacen en el calor de tales eventos. En primer lugar, se deben señalar que las escuelas y colegios solo son el reflejo de una problemática mucho más profunda a nivel social, por tanto cargar la mano como respuestas finales a los mencionados sucesos, es no comprender que éste es un tema general de la sociedad actual, y que por tanto, la mirada debe ser integral, sistémica, y que abarque no solo a Mineduc, sino que a otras instituciones políticas del país.

Tanto desde la Ley General de Educación (LGE, 2009), como las demás normativas existentes en años recientes, como la Ley de Inclusión (2014), señalan claramente los pasos y atribuciones que tienen los directores y sostenedores para enfrentar diversos sucesos de violencia que ocurren en los establecimientos, por lo tanto, el tema no es normativo, ya que las herramientas ya existen al respecto. A lo anterior, hay que sumar las políticas internas a través de los reglamentos de convivencia, que permiten dirimir estos temas de forma adecuada. El problema, es que la perspectiva de convivencia escolar es claramente punitiva, no preventiva, como tampoco apunta a los elementos esenciales que configuran los cuadros de violencia en los establecimientos escolares.

Recientes estudios e investigaciones, como los realizados por UNICEF y UNESCO en 2017, muestran que “la violencia daña seriamente una buena calidad de los procesos de aprendizaje”, más aún, se ha validado a la violencia como un medio válido de resolución de conflictos. Es clave que todo el sistema escolar, tanto local como nacional, tenga una visión de no reducir la violencia solo a bullying o matonaje escolar, sino incluir otras expresiones dadas, como la violencia de género, hacia profesores, entre otros tipos.

Debemos sumar a estos esfuerzos a familias, padres y madres, directivos, estudiantes y asistentes de la educación. Tenemos que cambiar el paradigma punitivo y castigador de las políticas internas en cuanto a atender la violencia como un elemento externo a lo educativo, siendo que es parte de los elementos culturales y sociales de nuestro país hoy en día, y que son transversales a los grupos socioeconómicos y diversos territorios, esto de acuerdo a los resultados del “Segundo Módulo del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) sobre Violencia y Conflicto” del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), correspondientes al año 2017.

 

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