Lo más leído de la semana: Profesores en espera: la deuda pendiente del bono de incentivo al retiro voluntario

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Desde el 2016 a la fecha, sólo se han pagado 500 cupos de los tres mil que se deberían haber concretado. Miles de ellos no han podido dejar sus trabajos debido al retraso en el pago del beneficio.

Por Eileen San Martín (EduGlobal)

Foto: T13.cl

Aproximadamente son mil los profesores y asistentes de la educación entre 65 y 95 años de edad que, pese a su estado de salud, aún no han podido jubilar. Acusan que tienen que seguir trabajando, debido a que el Ministerio de Educación no les paga el bono de incentivo al retiro, comprometido por ley para los docentes.

En diciembre de 2016, luego de años de marchas y protestas, el Congreso aprobó la ley 20.822 que permitiría a profesores y asistentes de la educación pertenecientes al sistema público, acceder al pago del bono de incentivo al retiro voluntario. Este estímulo correspondería a una medida paliatoria por los bajos sueldos que recibieron por años y, por ende, también de sus bajas pensiones.

En qué consiste la Ley de Bono de Incentivo

La Ley de Bono de Incentivo al Retiro voluntario pretende favorecer a más de 10 mil educadores del sector municipal ad portas de jubilar, con más de 11 años de servicio y con contrato superior a 37 horas semanales. Su jubilación puede alcanzar hasta los 21 millones y medio de pesos. El problema radica en que, aquellos docentes que dejen de trabajar, pierden automáticamente el beneficio de optar a dicho bono.

De un total de 20.000 cupos, como lo establece el Diario Oficial, dicho bono fue distribuido en cupos anuales, de los cuales en 2016 y 2017 correspondían a 1500 cupos, mientras que a partir de 2018 hasta el 2024 ascendería a una totalidad de 3.200. Hasta la fecha, sólo 500 cupos fueron pagados.

Pero eso no es todo; según un reportaje transmitido por Teletrece, además de los dos mil bonos que el Estado actualmente adeuda, la lista de docentes pertenecientes al año 2017 aún no ha publicada por el Ministerio de Educación, mismo retraso que ocurre con la nómina de los asistentes en educación.

En el reportaje realizado por los periodistas Stjepan Tarbuskovic y Joaquín Labbé, se señala un documento de comunicación entre el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y la presidenta de la Cámara de Diputado, Maya Fernández, donde a través de un oficio respecto a la demora en el pago de los bonos, se asegura que el responsable del proceso es el Ministerio de Educación.

En el escrito también se detalla que todos los montos para financiar dichos pagos han sido transferidos conforme a la ley en el año 2016, recalcando que los bonos pertenecientes a 2017 y 2018 aún no han sido traspasados a los sostenedores municipales, quienes se encargan de hacer efectiva la retribución.

Respuestas hasta la fecha

Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, explicó que en la actualidad han agilizado los procesos, al punto de tener un 70% de transferencias hechas para los profesores y un 35% realizada para los asistentes de la educación. “Cuando nosotros asumimos en el Ministerio en marzo de 2018, nos encontramos con un fuerte retraso en el proceso 2016 de los bonos de incentivo al retiro. Sólo se habían transferido el 18% de los bonos correspondientes a los docentes y no se había hecho ninguna transferencia en lo que corresponde a los asistentes de la educación”, enfatizó.

Otra de las complicaciones que Figueroa explica, está relacionada con los municipios, quienes, como empleadores, deben realizar el trámite para que finalmente sus trabajadores beneficiados reciban el bono para poder jubilar. De 346 comunas, sólo 147 cuentan con el beneficio, mientras que 76 están en lista de espera y 41 de ellas, pese a tener beneficiados, no han presentado la solicitud correspondiente ante el Ministerio de Educación.

Por otro lado, la Asociación de Municipios acusa vulneración de derechos hacia los docentes. “Nosotros estamos siempre de forma permanente en contacto con los municipios. Hemos hecho acciones con algunos de ellos, haciéndoles notar que están cayendo en una falta grave porque esto es una ley y un derecho que tienen los trabajadores. Estamos muy preocupados porque eso significa maltrato laboral”, expresó Maximiliano Ríos, Presidente de la Asociación Nacional de Municipios.

La ex subsecretaria de Educación durante el gobierno de Michelle Bachelet, Valentina Quiroga, aclaró por mail que esto se debió “en primer lugar a un problema en el diseño de la ley del plan de retiro. En segundo lugar, al problema de la información entregada por los municipios y, finalmente, al cambio de gobierno”, último punto que ha generado recelo y desconfianza con la reforma y los equipos ministeriales, por lo que varios procesos de gestión se han atrasado.

Guido Reyes, vicepresidente del Colegio de Profesores, acusa al Ministerio de Educación de no entregar una respuesta adecuada respecto al cumplimiento de la ley, por lo que en conjunto presentaron ante Contraloría General de la República una solicitud de investigación. Aceptada por la entidad, se anunció una auditoría para enero de 2019, con la que esperan se pueda regularizar los pagos.

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