“Las aulas van a seguir siendo inseguras mientras la única propuesta sea la segregación”

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Samuel Vázquez es el director del colegio Casa Azul, que recibe a niños expulsados en la comuna de La Granja. En conversación con The Clinic, comentó la problemática que se esconde tras la ley Aula Segura.

Fuente The Clinic.

El año 1991, Samuel Vásquez participó en la fundación de la Casa Azul, proyecto educativo que buscaba acoger a jóvenes cuyas familias vivían las primeras consecuencias de la pasta base en poblaciones. Hoy, la matrícula del colegio está compuesta por niños que fueron expulsados de otros establecimientos por conductas violentas y otros que provienen de contextos en extremo vulnerables. Vásquez, un hombre que vivió el exilio en dictadura, es también un férreo opositor a la ley Aula Segura.

“Cuando escucho a la ministra Cubillos, pienso que nunca ha estado en nuestros barrios. No sabe que lo que requiere este mundo es confianza, apoyo, recursos y oportunidades”, reflexiona.

Escuela básica Casa Azul

Casi en la intersección de calle Yungay con Parral, en la comuna de La Granja, se encuentra la escuela básica Casa Azul. Anualmente, la matrícula del colegio ronda los 160 niños, número que según Samuel puede variar hasta llegar a los 130. “El principal motivo de esto, son los conflictos de los padres con la Justicia”, explica.

En sus orígenes, que se remontan a los primeros años de democracia, la escuela funcionaba como un centro social para acoger a los niños que sufrían las primeras consecuencias que el narcotráfico estaba dejando en las poblaciones.

—Siempre digo que ese fue el regalo que nos dejó la dictadura. Los milicos se fueron para la casa, pero nos dejaron la pasta base—, menciona Samuel Vásquez, su director, durante uno de sus pocos descansos al día.

A los pocos años de funcionamiento, los propios pobladores de la Yungay convirtieron el centro de acogida en una escuela. Algunos, como Samuel, realizaron estudios en pedagogía y se convirtieron en profesores de un proyecto que, desde un inicio, se propuso como una opción política el no discriminar a nadie. “Esta escuela no bota a nadie, no segrega a ningún niño”, explica.

Sentado en uno de los salones de computación del colegio, Vásquez parece un hombre tímido, poco dado a las entrevistas. Carácter que sólo se rompe cuando habla de sus alumnos, del trabajo comunitario y de los orígenes de la escuela que dirige.

Cuando hablamos de los niños que llegan acá a la Casa Azul, ¿de qué estamos hablando?

Estamos hablando de los niños que están más olvidados en este sistema. Los más desprotegidos, los que han sido permanentemente vulnerados en sus derechos, incluso en nuestros propios territorios. Por ejemplo; las escuelas de los alrededores los expulsan porque no rinden, o porque son hijos de padres que consumen droga, que trafican o que están presos. De madres que trabajan en la feria o en el quiosquito de la esquina vendiendo dulces. Ahí hay segregación. Muchos de ellos llegan solos acá.

¿A qué te refieres con que llegan solos? 

A que en muchos casos llegan niños solos a preguntarnos si pueden entrar a esta escuela a estudiar. Lo hacen porque desde otras escuelas les dicen que acá “aceptan a los niños problema”, o porque escucharon en el barrio que otros niños están bien acá. En estos casos, casi siempre se trata de niños que no tienen respaldo, no tienen apoyo. Llegan estigmatizados.

¿Y qué se hace cuando llegan casos así?

Ahí nosotros intentamos contactar a alguien de su familia y vamos a sus casas para tratar de concretar la matrícula.

¿Qué es lo más difícil de trabajar con niños en este contexto? 

Es duro. Enfrentarse a esta realidad, que se ha traspasado de generación en generación, de niño en niño… lo más complejo es que se sigue dando. Y que no vemos cómo se puede revertir. Leyes como Aula Segura los siguen dañando, estigmatizando. Los mira de forma inhumana.

El problema de la ley Aula Segura

Samuel Vásquez nació y creció en la población Joao Gulart, próxima a la Yungay. Su familia llegó a la comuna en los años 60, beneficiaria de proyectos de vivienda estatales. “La Dictadura reprimió, no nos permitió ser humanos, especialmente a los más pobres de este país”, recuerda.

Militó en una organización de izquierda, recuperó camiones con mercadería y vestuario, vivió un período en clandestinidad y luego salió del país exiliado. Volvió a Chile en 1990 y, al año siguiente, participó de la creación del proyecto Casa Azul.

Actualmente, el colegio lleva dos años de alianza con América Solidaria, lo que les ha permitido incluir voluntarios profesionales y mejorar espacios como el huerto, o la infraestructura del colegio. “Ellos comparten nuestros mismos valores, mantenemos una relación muy horizontal y respetuosa. Hay actividades que no habríamos podido realizar sin ellos”, reconoce Samuel.

Este año, la discusión del proyecto de ley Aula Segura culminó con un acuerdo celebrado por el oficialismo y por la ex Nueva Mayoría, pero criticado por algunos de los miembros más jóvenes del Congreso. “Ningún joven en nuestro país, por más actos delictivos que haya cometido, por errores que haya cometido, tiene el derecho a que se le restrinja una educación de calidad”, se quejó, por ejemplo, el diputado Juan Santana.

Uno de los pilares de la Ley Aula Segura es la flexibilización para que directores puedan expulsar a alumnos “violentos”. En tu experiencia,  ¿qué es lo más probable que suceda con ese niño?

La “reubicación” que propone la ley es un mito que no tiene sustento. Lo que ellos dicen es que trasladarán el problema de un lugar a otro, pero el problema es más profundo: es la ceguera que existe con los niños y las injusticias. Hoy, los jóvenes están molestos, justificadamente. Cuando tú me preguntas por Aula Segura, chuta, las aulas van a seguir siendo inseguras mientras su única propuesta sea la segregación.

Para ti, ¿por dónde pasa el problema?

Chile tiene una deuda histórica con la niñez. Es una deuda política, porque viene desde el Estado. Entonces, cuando decimos que nuestra opción educativa también es política es porque nos parece inhumano que nuestros niños sigan viviendo los mismos problemas que sus padres y abuelos, sin solución.

Durante la discusión de Aula Segura, la ministra Cubillos argumentó que existía el “deber” de la familia en educar a supuestos “hijos violentos”. ¿No es ese precisamente el problema? ¿La falta de una red detrás de niñas y niños?

Cuando la escucho, pienso que la ministra nunca ha estado en los territorios, en nuestros barrios. ¡No los conoce! No sabe que lo que requiere este mundo es confianza, apoyo, recursos, oportunidades. Ellos, el actual gobierno, mira a niños y los ve como delincuentes. Ella, como ministra, debiese generar oportunidades, acoger. No estigmatizar.

¿Resuelve en algo la expulsión?

No, para nada. Nosotros tenemos la convicción de que nuestros niños tienen las condiciones y potencialidades para formarse como personas tremendamente valiosas para su comunidad. Tenemos niños que han salido de nuestra básica, pasaron por la media y que ahora están saliendo de la universidad, incluso de la Universidad de Chile. Que han ido a buenos liceos, estudian buenas carreras, o que constituyen buenas familias. Chicos que ahora, de adultos, están inmersos en sus comunidades. Nosotros creemos que un niño de acá -aunque haya sido expulsado de otro colegio o provenga de un contexto vulnerable-  puede llegar al mismo lugar al que puede llegar otro niño con oportunidades en este país.

Si fueras director de uno de los liceos donde han actuado los llamados “overoles blancos”, ¿qué harías?

Les diría a los chicos que los entiendo. Acá, lo que se requiere, es que los escuchemos, que les demos respuestas. Que se los vea como personas útiles, protagonistas en este sistema. Si se les da la oportunidad, confío en que puedan llegar en el futuro a cambiar el país y, de paso, dignificarnos a todos.

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