Por Sebastián Dote en El Dínamo
La Corporación Nacional de Colegios Particulares aseguró que la medida afectará la viabilidad de los proyectos educativos, mientras que los legisladores que la apoyaron apuntaron contra el Gobierno por la falta de ayudas.
Esta semana se publicó oficialmente en el Diario Oficial la ley que prohíbe a los colegios particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula 2021 a los alumnos que mantienen una deuda debido a la crisis por la pandemia del coronavirus.
La iniciativa se tramitó en el Congreso Nacional y contó con un respaldo transversal, considerando las complicaciones que han vivido miles de familias por el desempleo y la disminución de sus ingresos debido al cierre de las actividades económicas.
En lo concreto, desde ahora los establecimientos educacionales deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias, cuyo objetivo sea garantizar la continuidad del proceso educativo. Se establecerá un plan de reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para este año escolar 2020 y las reprogramadas con anterioridad al mes de marzo de 2020, para aquellos apoderados cuya condición económica se ha visto mermada producto de la crisis.
La negociación del colegio por deuda y el impedimento a negar la matrícula implica que los establecimientos consideren la situación de las familias en tres casos: los que perdieron el trabajo en este periodo, los que debieron acogerse a la Ley de Protección del Empleo, y que los sostenedores deberán también reprogramar las deudas a las familias que registraron una rebaja en los ingresos de, al menos, un 30% este año, respecto de 2019.
La publicación de la ley fue celebrada por los legisladores que la impulsaron, que la vieron como una forma de asegurar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en medio de la emergencia sanitaria.
Pero desde los establecimientos educacionales la medida es vista con temor, ya que se vislumbra que quite las espaldas financieras necesarias para continuar con sus actividades el próximo año.
Con la normativa ya vigente, los sostenedores pidieron al gobierno reforzar las ayudas de las familias para que puedan cumplir con todas sus cuotas, permitiendo que los recintos sigan funcionando.
Riesgo de viabilidad
Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP), manifestó a EL DÍNAMO su preocupación con algunos de los puntos fijados por la nueva ley, la que según él afectan a los establecimientos más pequeños, los que sufrirían un fuerte recorte en sus recursos.
“Esta ley viene a agravar la situación que han estado pasando los colegios debido a la pandemia”, aseguró el representante gremial, que apuntó al debate parlamentario por el resultado final de la iniciativa.
Herrera planteó que “lo que más lamentamos es que desde el proceso legislativo se haya apuntado la mirada hacia un solo lado, porque nosotros empatizamos completamente con los problemas que están viviendo los apoderados durante estos meses, y hemos entregado becas y otros tipos de beneficios, algo que se ha hecho durante todo 2020 con una gran carga financiera”.
El representante de los establecimientos pagados afirmó que “lo perverso de esta ley es que tienes que ofrecer un plan de negociación no solo con las deudas de marzo en adelante, sino que desde antes”, añadiendo además que gran parte de las decisiones sobre las causales de negociación de deuda “recaen en las espaldas de los sostenedores”.
“La ley establece que tú no puedes desvincular a un alumno por razones financieras. En la cabeza de los padres instalas que, sin perjuicio de lo que has pactado con los colegio, igual debe seguir con el proceso a pesar de tener una deuda. Esa es la actitud natural que va a tener cualquier deudor”, manifestó.
El representante de los colegios particulares señaló que “si nosotros llegamos a septiembre de 2021 en un estado de pandemia internacional esto sería inviable. Más de un 50% de morosidad haría que un proyecto educativo, de unos 500 alumnos, deba terminar, con todos los costos que ello conlleva para las familias y para los trabajadores de los establecimientos, que perderían sus empleos“.
Herrera afirmó que con la ley ya escrita, el Ejecutivo debería buscar fórmulas para asegurar la continuidad de los proyectos educacionales.
“Hemos pedido al Gobierno que vaya en ayuda a las familias. En los particulares subvencionados la mayoría de las familias son de clase media. No se pueden dejar caer estos proyectos educativos por incapacidad de pago de las familias. Ahí se podría entregar un aporte, aunque sea en una parte”, afirmó.
La respuesta del Congreso
