Ley de Inclusión provoca en el norte cierre de colegios y 20 se vuelven particulares pagados

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Screen Shot 2017-06-12 at 6.24.20 PMRebaten dichos del secretario ejecutivo para la reforma, Andrés Palma, quien había afirmado a “El Mercurio” no tener información de “ningún colegio bueno que esté pensando en cerrar”.  

Por Gabriel Pardo, El Mercurio

Los sostenedores del Colegio Calama enviaron una carta el 31 de mayo a los padres y apoderados del establecimiento.

En ese escrito comunicaron, “con profundo pesar”, que deberán cerrar sus puertas a partir de enero de 2018, producto de la “imposibilidad de ajustarse a la normativa”.

Se referían a la Ley de Inclusión, que plantea, entre otras medidas, que los sostenedores de colegios particulares subvencionados deberán constituirse como fundaciones sin fines de lucro y hacerse propietarios de los inmuebles que ocupan.

El Colegio Calama -dice su encargado de Comunicaciones, Francisco Farías- no cobra copago a sus alumnos y actualmente arrienda un inmueble. El propietario -no relacionado- no desea venderlo.

“El dueño (del inmueble) nos informa que no puede ajustarse a la nueva legislación”, dice Farías. Por lo tanto, “no queda opción”.

La semana pasada, el secretario ejecutivo para la reforma, Andrés Palma, señaló a “El Mercurio”: “No tengo información de ningún colegio bueno que esté pensando en cerrar”.

Desde el Colegio Calama, sin embargo, aseguran tener una trayectoria de excelencia y calidad académica.

En tanto, el coordinador de los Colegios Subvencionados del Norte (Copanor, que representa a más de 50 establecimientos), Jorge Lawrence, advierte que la implementación de la ley ha sido un “verdadero desastre” en la zona.

“En el caso del Colegio Calama las razones del cierre responden a las disposiciones inmobiliarias de la Ley de Inclusión. No tienen problemas de matrícula ni en su calidad. Tampoco en su administración financiera”, dice Lawrence. “Si alguien afirma que no hay ningún colegio que vaya a cerrar por razones propias de la Ley de Inclusión, está mintiendo”, agrega.

Paso a particulares pagados

Según explica Copanor, en el norte el precio de los inmuebles es mayor que en el resto del país y eso no fue considerado en el diagnóstico antes de establecer la normativa, lo que ha originado muchos de los problemas que hoy están enfrentando.

Así, sostenedores de Antofagasta, Tarapacá y Atacama afirman que deberán convertirse en colegios particulares pagados.

“En el norte tenemos más de 20 colegios con alto copago y baja vulnerabilidad que están optando por pasar al sistema pagado en vez de seguir como colegios subvencionados. Y esto se debe a que las condiciones que la ley les impone en relación a cómo se vinculan con el inmueble no las pueden hacer efectivas”, indica Lawrence.

Es el caso del Colegio San Agustín, de Copiapó. Su gerente, Claudio Peralta, dice que “no nos queda otra salida que pasar a ser pagados”.

“(En la ley) se establece la imposibilidad de tener utilidades para los sostenedores, pero sí se pueden usar recursos para pagarle al banco”, señala Peralta con ironía, aludiendo a la posibilidad de contraer créditos bancarios para adquirir los inmuebles.

Agrega que las “ventanas” que contempla la ley, como permitir en ciertas condiciones el arriendo entre partes relacionadas, no es factible en el norte, pues considera topes en relación con los avalúos fiscales, los que en la zona son muy bajos respecto del valor comercial.

Complicación para apoderados

Desde el Colegio Netland, de Antofagasta, Manuel Dannemann plantea que no tenían problemas con ser particulares subvencionados hasta que llegó esta ley. En el establecimiento hay 2.000 alumnos y ha estado entre los 100 mejores de los particulares subvencionados en los rankings de la PSU. Dannemann afirma que el paso a particular pagado es complejo para los apoderados, pues el plantel, al no recibir recursos públicos, tendrá que doblar el precio de su colegiatura, de $112 mil a más de $200 mil al mes. Sin embargo, muchos de los padres han confirmado que continuarán.

En el Giants School, de Antofagasta, Marco Riquelme explica que el colegio lo inició su familia hace más de 50 años y que convertirse en una fundación sin fines de lucro haría imposible que el proyecto educativo pudiera seguir, al no poder continuar heredándose familiarmente. Un proyecto, afirma, “con excelentes resultados en materia de calidad: tenemos el 95% de ingreso a la universidad”.

Distintos sostenedores consultados afirman que la única posibilidad de que reevalúen sus decisiones sería la introducción de modificaciones de fondo a la ley.

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