Sobre la Ley de Educación Pública

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La ley de Educación Pública implica un traspaso de la calidad de sostenedor de los establecimientos educacionales de las Municipalidades a los “Servicios Locales”.

La Superintendencia y la Agencia de la Calidad fiscalizarán a los “Servicios Locales”, de igual manera que lo hacen actualmente con los sostenedores, exigiendo rendiciones de gastos, cumplimiento de las normas sobre inclusión y convivencia escolar entre otros.

Supuestamente el objetivo de la ley es que la educación vuelva a ser pública, mejorando la gestión económica y pedagógica de los colegios actualmente municipales. No se visualiza una real mejora de la gestión económica ni pedagógica.

Tal vez exista una pequeña mejora para los establecimientos educacionales que actualmente pertenecen a Municipios de escasos recursos y de administración deficiente, pero para los Municipios con éxito en su Dirección de Educación, podría ser una gran pérdida.

Se establecen mecanismos de protección laboral para los trabajadores actuales de las Municipalidades, existiendo por ende la real posibilidad de contar con un nuevo sistema que no cambia ni mejora su capital humano, siendo de esa forma imposible una mejora.

No se visualizan mayores ingresos, sino que se hace referencia a supuesta mejora de la eficacia de la utilización de los recursos. Sin embargo se mantiene el sistema de financiar en proporción a la asistencia de los alumnos, lo que va en contra de la inclusión, pues lleva a que por razones económicas se deban cerrar colegios que no se financian, siguiendo criterios empresariales y no propios de una política pública, como lo pretende esta ley.

Se mantiene el Estatuto Docente, causante a mi parecer de la mediocridad de la educación pública actual.

No se regula el Proyecto Educativo Público, no existe claridad de la educación que se pretende impartir, no se ve una transversalidad en la ley en cuanto a la misión y visión del establecimiento educacional público.

La ley es insuficiente, no cumple el propósito anunciado, y como siempre deja pendiente la dictación de reglamentos fundamentales.

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